Estados Unidos
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes de los países vencedores desarrollaron la llamada Guerra Fría a través de sus centros de poder militar. Sus objetivos eran:
- integrar política y económicamente la mayor cantidad de áreas y territorios en el mundo -en lo posible- sin derramamiento de sangre.
- mantener a la comunidad internacional en permanente inquietud.
- desprestigiar al enemigo exacerbando sus flaquezas y deficiencias.
- desarrollar acciones proselitistas y propagandísticas continuas, tendientes a cimentar en la población pensamientos acordes a la concreción de los intereses enunciados precedentemente.
En los EEUU, tales objetivos enlazaban con el concepto de “guerra total” –que ya había sido considerado por Hitler- según el cual los aspectos militar, económico, político, psicológico, ideológico, tecnológico, científico y financiero debían ser concebidos en forma integral. La guerra se hacía “total y permanente”, basándose en la concepción de que los ejércitos nacionales debían integrarse a los dispositivos internacionales de defensa creados y controlados por los EE.UU. para luchar contra la Unión Soviética y el comunismo.
La defensa de las fronteras ideológicas era más importante que las fronteras territoriales, y se había transformado en la principal hipótesis de conflicto. La idea de fronteras ideológicas refería al enfrentamiento entre dos sistemas, dos cosmovisiones: de un lado, el Occidente cristiano y del otro, la subversión comunista.
La DSN planteaba la existencia no sólo de enemigos externos, también enemigos internos y enemigos externo-interno, como es el caso de la “subversión comunista”; ante ésta la lucha no debía ser sólo en el frente militar:
“La guerra de hoy es el choque de una serie de sistemas - político económicos, psicológicos y militares - que tienden a derrocar al gobierno existente en un país para sustituirlo por otro [...] Tenemos que empezar a darnos cuenta de que en la guerra moderna no estamos luchando frente a un determinado enemigo esparcido en un determinado territorio, sino frente a una peligrosa y bien armada organización clandestina cuyo papel principal es imponer su voluntad a una población".
Herrera, Genaro Arriagada; Mons. Santos, José Manuel; Orrego Vicuña, Francisco; López W., Evaristo; Orrega Vicuña, Claudia. Seguridad Nacional y Bien Común. Santiago (Chile): Talleres Gráficos Corporación, 1976, p. 54.
Según esta concepción, el enemigo era de difícil identificación, lo que hacía necesario que el control, el trabajo de las organizaciones de inteligencia, el diseño de planes de represión se hicieran cada vez más sofisticados, quedando la actividad política subordinada a la actividad militar, a la guerra y a una concepción de lucha permanente donde no se distinguía entre lo civil y lo militar, entre la paz y la guerra.
Al interior de cada Estado, se trataron de privilegiar las cuestiones ligadas a la seguridad nacional en lugar de dar solución a las problemáticas estructurales de las sociedades latinoamericanas. La DSN propiciaba una estrecha relación entre las fuerzas armadas y el sistema político con la finalidad de restar o, directamente, excluir a la población de la actividad y participación política. Por eso, la vigilancia de toda actividad considerada subversiva implicaba la atención sobre las actividades políticas de la ciudadanía. Así, los miembros de las fuerzas armadas intervenían y se hacían cargo de la vida institucional de los países latinoamericanos, adjudicándose la capacidad de interpretar y representar el sentir de los pueblos.
Para las cúpulas gobernantes y los sectores de poder de cada país, las sociedades capitalistas desarrolladas representaban un modelo a imitar o a alcanzar; por ende, la relación militar con los EEUU era entendida también como una asociación económica altamente provechosa.
La expansión y estabilidad económica estadounidense requería una puerta abierta al mundo, es decir, libre acceso a los mercados mundiales, libertad de comercio y libertad de acceso a las fuentes de materia prima y de mano de obra barata.
Los hombres de negocios norteamericanos estaban convencidos del crecimiento indefinido como condición de equilibrio económico y que el comercio mundial, era una condición imprescindible para el crecimiento. Los representantes de las grandes corporaciones tenían la convicción de que, defender la libre empresa era luchar contra el comunismo, ya que la paz mundial y la libertad de comercio eran inseparables.
Así, los sectores de poder de los Estados Unidos se atribuyeron la misión de defender el “mundo libre” contra el comunismo y para ello, diseñaron la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), un verdadero plan de acción que adquirió auge en Latinoamérica a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959.
¿Qué instrumentos utilizó EE.UU. para poner en práctica la DSN en América Latina?
Tratados,como el Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1947. Fue el primer pacto militar de la guerra fría. Invocaba la seguridad colectiva y la solidaridad hemisférica para prevenir y reprimir la agresión extra e intracontinental y para ello, preveía respuestas hemisféricas de carácter político, militar, diplomático, comercial, etc. Con la firma del Tratado, se lograba que, en caso de que alguno de los firmantes fuera agredido en su propio territorio o en zonas que se encontraban bajo su control, los demás países quedaban obligados a cooperar con él y a sancionar al agresor. Lo mismo sucedía si cualquiera de los signatarios se involucraba en un conflicto. Además, se subordinaba el principio de la “no intervención” a los principios de “seguridad colectiva y hemisférica”, quedando los firmantes en condiciones de entrometerse en los asuntos internos de cualquiera de los países firmantes.
También, mediante acuerdos bilaterales, se instrumentó el Programa de Asistencia Militar (PAM) desde el año 1952, por el cual se suministraba a los países latinoamericanos armamento, equipos y servicios de defensa, a cambio de los cuales debían participar en misiones importantes para la defensa del hemisferio occidental.
Cursos para militares latinoamericanos en escuelas especializadas, como la Escuela Militar de las Américas (US Army Scholl of the Americas, USARSA), ubicada en Ford Gulick, zona del Canal de Panamá, para impartir capacitación y alcanzar mejores niveles de profesionalismo en el mantenimiento de la seguridad interna, mayor colaboración militar en el desarrollo de cada país, manejo de operaciones de contrainsurgencia, compartir los informes de inteligencia. Hacia 1975, los graduados ascendían a 33.147, muchos de los cuales fueron jefes de gobierno, ministros, comandantes, directores de centros de inteligencia de los países latinoamericanos. Los cursos impartían una ideología anticomunista y contrarrevolucionaria; algunos de los cursos se titulaban Comunismo vs. Democracia, Ideología comunista y objetivos nacionales, Introducción a la guerra especial, Conquista y colonización comunista. La Escuela utilizó en sus programas de enseñanza un Manual de Torturas publicado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, según la sigla en inglés). En la Escuela de las Américas, los militares latinoamericanos también aprendían a amar el american way of life, el modo de vida americano.
Presión y dependencia económica llevada a cabo a través de diferentes medios: Estados Unidos usaría su posición predominante en instituciones financieras internacionales (por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional) para permitir o congelar el flujo de créditos u otras ayudas financieras a Latinoamérica; exigencia de una apertura económica ilimitada que atentaba contra las industrias nacionales; atraso tecnológico, los países latinoamericanos adquirían la chatarra descartada por EE.UU.
Soporte financiero, logístico y bélico a los civiles y militares que derribaban a través de golpes de Estados a los gobiernos latinoamericanos nacidos constitucionalmente pero que no respondían a los intereses de las corporaciones y la política internacional estadounidense.
Elementos de propaganda como el cine, utilizado para la transmisión de ideologías y para combatir al comunismo y a los movimientos revolucionarios en el frente interno, en la propia sociedad norteamericana y latinoamericana.
Elaboradas como forma de entretenimiento en las películas, series de televisión y dibujos animados, el mensaje se estructuraba a través de elementos que aportaban a la construcción de un fuerte anticomunismo. Estos elementos se presentaban en forma oculta, a través de recursos unas veces sutiles, otras no tanto, solían escapar al ojo del espectador común, pero iban lentamente imprimiendo a éste el respeto por el ordenamiento occidental y cristiano y el rechazo y temor hacia el comunismo. Así, películas, series, dibujos animados no sólo eran modos de entretenimiento, sino también, difusores y defensores del sistema. Difusores porque junto a los filmes se enseña a amar el american way of life y se vendía turismo, hamburguesas, modas, tecnología, gaseosas, etc. En tal sentido, el control de los medios de comunicación era capital.
Escudado en la lucha contra el comunismo EE.UU. diseñó y ejecutó -con el beneplácito de los gobiernos de facto, instruidos en la Escuela de las Américas- un plan de acción que iba más allá de lo ideológico-político y abarcaba la defensa de intereses económicos de sus corporaciones. ¿Contra quién se luchaba entonces? Estaba bien estudiado que para la aplicación de los planes económicos que tenían como finalidad la destrucción de la industria nacional, la colocación usuraria de capitales extranjeros, el endeudamiento externo y el manejo de los demás resortes del poder, era necesario mantener un estricto control social, ya que se preveía que tales políticas conllevaban pérdida de fuentes de trabajo, crecimiento de la pobreza y la marginalidad social. Subversivo era entonces, cualquier persona, independientemente de su ideología, militancia partidaria, participación social que, alertara o se opusiera contra este plan.
EL PROCESO
Gobierno de Facto
Hacia 1976, la convulsión política y social generó que el gobierno se deteriorara rápidamente y muchos sectores civiles y militares creyeron encontrar la solución a todos los males en el derrocamiento del gobierno constitucional y la instauración de un gobierno de facto, que impusiera “orden y paz social”. A pesar de que la presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, había anticipado la convocatoria a elecciones presidenciales para el mes de octubre de 1976 -con la finalidad de posibilitar una salida institucional a la situación-, en la madrugada del 24 de marzo de ese año, el helicóptero que la transportaba a la quinta presidencial de Olivos desvió su curso, aterrizó en el Aeroparque Metropolitano y el general José Rogelio Villarreal le informó que había sido depuesta y que la conducían detenida. Horas más tarde, a través de un comunicado, se dio a conocer que una Junta constituida por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo del gobierno. Se iniciaba así, la etapa más oscura de la historia del país.
La Junta de Comandantes estaba integrada por el general Jorge R. Videla -designado presidente de la Nación-; el almirante Eduardo E. Massera y el brigadier Orlando R. Agosti. En su proclama justifican su accionar expresando que:
"Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para el país, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los exterminios, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación, una actitud distinta a la adoptada […]. Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional”. Videla, Massera y Agosti: Proclama del 24 de marzo de 1976.
Con estos argumentos, la Junta tomó el poder e instituyó el régimen que denominó “Proceso de Reorganización Nacional” y fijó como propósitos y objetivos básicos desempeñarse con sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia para erradicar la subversión y promover el desarrollo económico a fin de asegurar la posterior instauración de la democracia en el país. Se legalizaba el sistema represivo y se ponía en marcha la máquina del terrorismo de Estado. Mientras que una parte de la sociedad aceptó el proyecto e incluso, lo valoró como justificado y necesario, otros sectores se opusieron a él.
Las primeras medidas fueron el desconocimiento de lo pautado por la Constitución Nacional -por ende, los derechos y garantías constitucionales-, el cierre del Congreso, la prohibición de toda actividad política y sindical, el establecimiento de la pena de muerte, la censura hacia los medios de comunicación, y a fin de concretar sus fines, separaron a los civiles -técnicos o de carrera- de sus puestos en organismos del Estado reemplazándolos por uniformados, quienes no poseían ni las capacidades técnicas ni la idoneidad suficiente para llevar adelante tales tareas.
Muchos civiles fueron “colaboradores del régimen” y ocuparon cargos en la Corte Suprema de Justicia, las intendencias y gobernaciones y, conocidos periodistas e intelectuales escribieron y organizaron discursos en defensa de la dictadura.
Las Juntas de gobierno que se sucedieron entre 1976 y 1983 mantuvieron estrechas relaciones diplomáticas públicas unas veces, y secretas, otras; con representantes del gobierno y corporaciones empresariales estadounidenses.
Hace poco tiempo, el Departamento de Estado de EEUU desclasificó documentos que revelaban la complicidad del secretario de Estado Henry Kissinger y de otros altos funcionarios estadounidenses en la represión llevada a cabo en Argentina. Incluso, Kissinger reveló que mantuvo conversaciones con el ministro de relaciones exteriores de la dictadura militar argentina, el almirante César Augusto Guzetti, en 1976. En esos encuentros, Guzetti, lo ponía al tanto del desarrollo de la “guerra sucia” desatada en Argentina contra trabajadores, estudiantes e intelectuales:
“Nuestra lucha ha tenido muy buenos resultados durante los últimos cuatro meses [...] Las organizaciones terroristas han sido desmanteladas. Si continuamos en esa dirección, ya para fines de año el peligro habrá desaparecido.
[...] El aspecto más espectacular de la campaña antiterrorista han sido los asesinatos cometidos por los escuadrones derechistas de matones pagados que funcionan fuera de la ley. Operan sin temor a castigo y por lo regular se hacen pasar de funcionarios que vigilan la seguridad. Los derechistas son responsables de secuestrar y/o asesinar a cientos de izquierdistas que representan un riesgo a la seguridad (del país). Entre éstos se encuentran exiliados de países vecinos, extranjeros, políticos, estudiantes, periodistas y curas. Lo más probable es que varios terroristas verdaderos hayan caído presas de la venganza derechista, pero la gran mayoría de las víctimas no han sido guerrilleros. No cabe duda que la mayoría de los terroristas derechistas—para no decir todos—son policías o militares que actúan con el consentimiento de funcionarios del gobierno que gozan de cargos importantes en la protección de la seguridad.” Osorio, Carlos y Costar, Kathleen: “Kissinger to the argentine generals in 1976”, en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB133/index.htm
Quienes pusieron en marcha el terrorismo de Estado tenían claro que, subversivos, eran todos aquellos que no aceptaran los lineamientos impuestos por el régimen.
En conocimiento de las acciones represivas, Kissinger aconsejó que terminen rápido con lo que estaban haciendo y que regresen a los “procedimientos normales” pero, afirmó, que “los amigos tienen que ser apoyados”. Estos documentos dejaban al descubierto el conocimiento y apoyo de los EEUU a la dictadura militar argentina. De hecho, muchos militares ocuparon cargos en el gobierno, se habían preparado en la Escuela de las Américas que funcionaba en la zona del canal de Panamá.
Demostraron haber aprendido muy bien las lecciones y estar íntimamente consustanciados con los intereses y el modo de vida americano al cumplir con todos los requerimientos de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, diseñada por Washington.
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Promediando 1983 y ante las inminentes elecciones del 30 de octubre, los miembros de la Junta sancionaron el decreto-ley 22.924 de Pacificación Nacional, conocida como de Autoamnistía. La Ley beneficiaba a todos aquellos que hubieran cometido delitos comunes o militares -fueran autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores- en acciones motivadas en la lucha contra el terrorismo o la subversión desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Apelaban a la reconciliación nacional y a la superación de pasadas tragedias. Se daba por muertos a todas aquellas personas que se encontraban “desaparecidas” y se anunciaba que quienes habían participado del Proceso sólo se someterían “al juicio de Dios”.
Ley de Pacificación Nacional (N° 22.924/83)
DEMOCRACIA Paz, pan y trabajo Los sectores trabajadores fueron los mayores damnificados del Proceso de Reorganización Nacional. La dura represión desatada en el período tuvo como finalidad principal el desmantelamiento de las organizaciones gremiales. El movimiento obrero había quedado, prácticamente, desactivado: dirigentes muertos, desaparecidos y encarcelados, y prohibición a los sindicatos de funcionar.
Pero, a pesar del plan, muchos trabajadores continuaron peleando por sus derechos en momentos en que la situación económica se hacía cada vez más difícil para la población: aumentaban los cierres de empresas y, por ende, la desocupación. El descontento social comenzó a hacerse sentir tímidamente desde el inicio del período.  En 1979, el titular de la CGT, Saúl Ubaldini y otros de sus miembros, organizaron el primer paro general contra la dictadura que se hizo sentir en con mayor intensidad en el Gran Buenos Aires y se llevó a cabo el 27 de abril de 1979. Si bien la huelga no consiguió detener al país, logró que, por primera vez desde el año 1976, un gran sector de la población argentina pudiera expresarse contra el régimen. La huelga terminó con represión y trabajadores presos, aunque no alteró los planes de los dictadores; llamó la atención de organizaciones internacionales que llegaron a entrevistarse con ellos para reclamar la libertad de dirigentes sindicales presos.
Entre las organizaciones del movimiento obrero hubo dos tendencias: una inclinada al diálogo con la dictadura como estrategia para la concertación liderada por Jorge Triaca y otra, antidialoguista en franca confrontación, liderada por Saúl Ubaldini. En la declaración de la formación de este último sector, en noviembre de 1980, se expresaba que: "[...] ha llegado la hora histórica en que, deponiendo con la grandeza que las circunstancias exigen, todo interés de grupo o sector, nos encontramos nuevamente reunidos hacia el logro de un solo objetivo, la vigencia plena de la Confederación General del Trabajo". El sector ubaldinista convocó a una nueva huelga general para el día 7 de noviembre de 1981 mientras que el sector de Triaca se negó a adherir. Desde temprano, una multitud se congregó en la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, bajo la consigna "paz, pan y trabajo", acompañados por Ubaldini. El descontento social fue en aumento hasta desembocar en el paro nacional con movilización realizado el 30 de marzo de 1982. Esa movilización fue la mayor expresión de lucha obrera del período dictatorial. Convocados por la CGT, bajo la consigna "Paz, pan y trabajo", cincuenta mil jóvenes y trabajadores coparon la Plaza de Mayo en una verdadera huelga política de masas. Saúl Ubaldini comandó la movilización. La jornada anunciaba el colapso de una dictadura agotada en sus contradicciones internas y la crisis económica.  La posible movilización de amplios sectores de la población, motivó que el Ministerio del Interior presionara para que la marcha no se hiciera pretextando que la CGT no había solicitado la autorización correspondiente para realizar el acto y que estas situaciones podían producir alteraciones a la seguridad y el orden público, a la vez que recordó que seis dirigentes sindicales, entre ellos Saúl Ubaldini, se encontraban procesados por haber declarado otras huelgas generales.
A pesar de las amenazas, durante seis horas el centro porteño fue escenario del enfrentamiento entre trabajadores y la policía. Eran los sectores obreros los que se ponían a la cabeza de la lucha antidictatorial. La movilización también se extendió a Mendoza, Rosario, Neuquén y Mar del Plata. Hubo miles de detenidos en todo el país, el dirigente obrero mendocino Dalmiro Flores, fue muerto y hubo centenares de heridos.
Dice Alfredo Mason en el libro Sindicalismo y Dictadura, una historia poco contada:
"El 30 de marzo de 1982 se produjo una nutrida movilización encabezada por el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, por lo que la Plaza de Mayo fue cercada por un dispositivo más fuerte que cualquiera conocido hasta entonces; se cortó el puente Pueyrredón con carros de asalto y un fuerte cordón policial. Se reprimió duramente las concentraciones que se efectuaron en los alrededores de Tribunales y en el puerto; por primera vez, empleados y funcionarios de la zona céntrica de Buenos Aires ("cuellos blancos") arrojaban desde balcones y ventanas todo tipo de proyectiles contra los elementos de la represión. En esos días se calculó que hubo cerca de tres mil detenidos, aunque nunca se informaron las cifras oficiales. Hubo una movilización en las ciudades de Mendoza, donde la represión culminó con el asesinato de un sindicalista; en Rosario, dos mil trabajadores recorrieron el centro de la ciudad con consignas contra la dictadura; en Mar del Plata y San Miguel de Tucumán detuvieron a doscientas personas por repudiar al gobierno militar; en Córdoba, el Tercer Cuerpo del Ejército patrulló las calles con columnas de hasta siete vehículos militares por temor a la movilización de los trabajadores". Mason, Alfredo: Sindicalismo y Dictadura, una historia poco contada, Buenos Aires, Biblios, 2007. Una vez más el movimiento obrero argentino, que venía resistiendo, enfrentándose desde siempre a todas las dictaduras, debió recurrir a las medidas de fuerza como presión para conquistar sus reivindicaciones más sentidas y a pesar de los costos, el movimiento obrero se convirtió en el eje de la protesta nacional. Lo invitamos a leer el documento de Autoconvocatoria que se dio a conocer en 1980.
ELECCIONES 1983 Partidos PolíticosEl Proceso tropezó con serios obstáculos internos para la implementación de sus ideas en torno a la transición, hasta fijar la fecha de las elecciones para el 30 de octubre de 1983. A partir de ese momento, los partidos políticos comenzaron a reorganizarse, a conformar nuevas agrupaciones y alianzas electorales. El 7 de septiembre los partidos políticos presentaron sus candidaturas:
- Luder-Bittel, por el Justicialismo.
- Alfonsín–Martínez, por la UCR.
- Alende-Viale, por el Partido Intransigente.
- Zamora–Díaz, por el Movimiento al Socialismo.
- Flores-Guagnini, por el Partido Obrero.
- Martínez Raymonda-Balestra, por la Alianza Socialdemócrata.
- Cerro-Ponsati, por la Democracia Cristiana.
- Frigerio-Salonia, por el Movimiento de Integración y Desarrollo.
Los partidos Socialista Popular, el Frente Izquierda Popular y Comunista pidieron a la Justicia Electoral no presentar candidatos presidenciales porque apoyaban la fórmula del Justicialismo. Como obtuvieron respuesta negativa, los dos primeros presentaron candidatos: Estévez Boero, por el Socialismo y Abelardo Ramos, por el FIP; mientras que el PC llamó a votar con las boletas del Justicialismo. Los integrantes de cada partido político se dispusieron a redactar sus plataformas electorales, requisito indispensable para presentarse a un acto electoral. En ellas, expresaron los objetivos políticos, económicos, sociales de cada partido y también se desarrollaron sus lineamientos políticos en relación a los problemas del país -inmediatos y mediatos- y sus propuestas y metodología para resolverlos. Las plataformas fueron editadas en papel y se repartieron en los locales partidarios o a través del contacto callejero que sus militantes desarrollaron con la comunidad en diversas actividades. Las afiliaciones partidarias realizadas antes del Proceso habían caducado, por eso era necesario realizar una nueva campaña de afiliaciones. Los integrantes de los partidos salían a la calle, colocaban mesas de afiliación en los barrios, en las ferias, en las universidades, a la salida de las fábricas, intentando romper la paralización de la cultura cívica. La decisión de afiliarse a un partido político implicaba un compromiso con la militancia y con la democracia, ya que los partidos políticos eran valorados como importantes instrumentos para consolidar, mejorar y profundizar la democracia. La adhesión a los partidos se producía por una adhesión ideológica y por una coincidencia respecto de los objetivos y finalidades sociales propuestas.  Fue así que los locales partidarios, se transformaron en centros de atracción de personas ávidas de discutir ideas, de debatir los problemas que aquejaban a la nación, de participar en actividades de difusión de las propuestas partidarias, por ejemplo a través, de actividades propagandísticas como las pintadas o las pegatinas callejeras o las volanteadas y el reparto de periódicos. El local partidario era un espacio donde también se realizaban mesas redondas, cursos, charlas de la que podían participar los afiliados y el público en general. También se alentaba a los militantes a participar en instituciones –comisiones vecinales, tareas comunitarias
-y del ámbito cultural.
Durante esta etapa, la juventud tomó la delantera en las actividades proselitistas, trabajando en la confrontación de ideas, de opiniones, criterios, proyectos. Realizó estas tareas no solamente en relación a quienes eran del mismo signo político, sino también, junto a jóvenes provenientes de otras identidades partidarias. Representantes juveniles de los diferentes partidos se reunían conformando un verdadero foro de discusión, construido a partir de los intensos lazos de solidaridad interpartidarios, discutían los problemas que aquejaban a la sociedad y buscaban alternativas para superarlos, apelando a miradas afines que los unían. Se trató de espacios de intercambio fructíferos, donde las diferencias aportaron al enriquecimiento mutuo.  En esta etapa los partidos políticos mostraron una capacidad de atracción desconocida en épocas anteriores. Esto se hizo evidente a través del masivo proceso de afiliación, intervención de la militancia en las elecciones internas y la campaña electoral, trabajos de elaboración programática, capacidad de movilización. La intensa participación llevó a los partidos a ser los referentes principales para la militancia y a estructurarse como herramientas fundamentales en el escenario político de la transición.
El advenimiento de la democracia a partir de 1983, sentó las bases de un nuevo escenario para la vida política, social, económica y cultural de la sociedad argentina. La apertura democrática significó el reordenamiento de la vida institucional y a su vez redimensionó y complejizó la construcción de los lazos entre sociedad civil y sociedad política.
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